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El presidente Monago y el IRPF

Por Pablo Paz

Hace unos días el Presidente de la Junta de Extremadura, Jose Antonio Monago, anunciaba una bajada del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) del orden, según sus propias palabras, de 10 millones de euros.

Así mismo, anunciaba que someterá a votación en la Asamblea de Extremadura una serie de medidas fiscales que, en su conjunto, supondrían unos 24 millones de euros de bajadas de impuestos y que afectarán principalmente a gravámenes de carácter directo.

Una vez conocida la noticia fueron múltiples y de diferente calado las declaraciones que se sucedieron en los distintos medios de la región. Y es que, aunque no lo parezca, una bajada de impuestos no tiene por que contentar, y menos aún beneficiar, a todo el mundo. Me explico.

Estamos acostumbrados a oír permanentemente a los líderes de los dos grandes partidos, algún que otro de alguno pequeño y a los autoproclamados líderes de la economía mundial a hablarnos de las supuestas bonanzas de una posible bajada de impuestos. Sin embargo, y pese a que les cueste aceptarlo a los firmes defensores del modelo neoliberal, una bajada de impuestos no tiene por qué ser siempre positiva.

Es evidente que una disminución masiva de impuestos supone, a la vez que un ahorro para los contribuyentes, una merma de los ingresos a la administración y, por tanto, una limitación a la hora de ofrecer servicios públicos de carácter universal que hasta ahora han sido incuestionables.

El propio Monago decía que la intención de esta bajada es "para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer con su dinero". Es decir, no hacía otra cosa que evidenciar la disyuntiva en la que tradicionalmente se han movido las diferentes escuelas económicas: menos impuestos (a todos sin distinción) y más capacidad de consumo privado o más impuestos (según la capacidad de cada uno) y mayores servicios sociales. Y esto, paradójicamente, lo dice el presidente del “fin de las ideologías”.

Es evidente que al señor Monago y a los intereses que representa son partidarios, por supuesto, de la primera opción planteada.

Sin embargo, seguramente la respuesta a esta pregunta cambiaría si se la hacemos al usuario que ha visto cerrada las urgencias en su pueblo, o alguna de las 80.000 personas desempleadas en Extremadura y que no reciben ningún tipo de prestación, o incluso al joven que ha visto limitada su capacidad para emanciparse por la eliminación de ciertas desgravaciones fiscales.

Y es que, con los 10 millones de euros que la Junta va a dejar de ingresar, se podrían crear, tal y como ha propuesto Comisiones Obreras, del orden de 1.500 puestos de trabajo en la región que contribuirían a su vez a la riqueza de la misma con sus cotizaciones y retenciones correspondientes.

Además la situación anunciada por Monago puede alcanzar un nivel de incoherencia aún mayor cuando los ciudadanos extremeños no hace muchos meses hemos sufrido, entre otras medidas, una subida en del 25% en el canon del agua y la introducción del céntimo sanitario, es decir, una subida de los tributos de carácter indirecto que soportamos todos los extremeños independientemente de nuestro nivel de renta.

Una vez llegados a este punto conviene valorar si tras más de dos años de recortes y de retroceso en los derechos sociales de los extremeños y las extremeñas es conveniente o no una bajada casi imperceptible (24 euros por declarante) de impuestos a aquellos extremeños que obtenemos unos ingresos con carácter periódico o bien preferimos emplear esos recursos el mantenimiento de la educación, sanidad y demás servicios sociales que tantos años nos han costado conseguir y que, día tras día, se van viendo deteriorados precisamente por la sucesión de políticas de este tipo.

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