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De vertederos y aprendices de casta Destacado

Luis Baratas González
Estudiante del máster Economía Internacional y Desarrollo de la UCM y miembro de econoNuestra

La crisis ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, la debilidad de nuestra democracia en materia económica. De hecho, la respuesta estatal a la crisis económica, en forma de programas de ajuste y austeridad, ha sido ejecutada por los dos partidos mayoritarios a espaldas de la opinión de la ciudadanía y sin un respaldo social efectivo. Y eso sucede y se hace más visible, como no podía ser de otro modo, cuando están en juego con la crisis los privilegios de quienes toman las decisiones que nos afectan a todos.

Si eso no fuese cierto, no estaríamos presenciando el auge de movimientos sociales, nuevas formaciones políticas y métodos alternativos de autoorganización ciudadana, que lo que buscan precisamente es una salida equitativa de la crisis y un nuevo sistema de valores que rija en nuestra sociedad.

Si todo eso acontece en las esferas de la política nacional, donde el futuro de muchos de sus principales protagonistas está más que asegurado gracias a los elevados salarios que perciben y a las posibilidades que les brindarán las grandes multinacionales al finalizar su trayectoria política, no es difícil imaginar lo que puede ocurrir en los pequeños y medianos municipios. En estos casos, el poder de un alcalde, junto a su séquito de concejales y demás instituciones municipales, se puede llegar a ejercer de tal manera que el despotismo ilustrado del siglo XVIII parecería cosa de niños. Y esa lógica conduce a tomar decisiones económicas trascendentales para la vida de los vecinos, de espaldas a ellos y argumentando de modo paternalista que es lo mejor para sus intereses.

En los últimos meses, hemos presenciado claras evidencias de esas prácticas de funcionamiento y sus consecuencias. Un ejemplo está en el barrio burgalés de Gamonal y los episodios de violencia sistémica surgidos a raíz de las decisiones despóticas de un alcalde. Algo similar sucede en un pequeño y céntrico municipio de la Comunidad de Madrid llamado Loeches, donde su alcalde y concejales (del Partido Popular y con mayoría absoluta) han aprobado la instalación de un macrovertedero, que tendrá consecuencias negativas para la salud de los vecinos de dicho municipio y colindantes.

Pero, ¿qué es eso al lado de la creación de empleo? Nada se reflexiona sobre cómo gestionar la ingente cantidad de residuos que generamos con nuestros niveles de producción y consumo, y menos aún sobre las oportunidades y alternativas ofrecidas a los ciudadanos desde los poderes públicos. En el caso de Loeches, la organización popular vuelve a aparecer como factor contrarrestante a este tipo de actuaciones políticas de la mano de la Plataforma contra el Vertedero Loeches que lucha por echar atrás este proyecto del alcalde, envuelto en las tinieblas de la Comunidad de Madrid, empresas privadas con políticos regionales a la cabeza y dudosas concesiones, pese a los impedimentos de todo tipo a los que se enfrenta.

Es el ejemplo de una nueva decisión despótica, fuera del programa electoral, que lejos de atender a una necesidad o reclamo del pueblo, atiende más bien a salvaguardar las posiciones de privilegio de alguien que no tiene una trayectoria profesional más allá de la política local del municipio en el que reside.

Como ciudadano del Estado español me genera mucha preocupación y desconfianza en el sistema esta dinámica de funcionamiento en la toma de decisiones económicas a nivel nacional. Pero, y de una forma particular dada mi condición de vecino del pueblo citado, me genera también muchísimas dudas y desconfianzas observar que los comportamientos de nuestros políticos locales no distan tanto de las actitudes propias de nuestra —tan recurrente últimamente— casta nacional.

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